Desde las revelaciones de Edward Snowden y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el concepto de Whistleblowing junto a la figura del whistleblower, han cobrado relevancia en la sociedad en los últimos años. Considerados como verdaderos héroes, los alertadores son personas preocupadas por el buen funcionamiento de su empresa y buscan prevenir consecuencias negativas ante la falta de cumplimiento normativo. Para ellos, comunicar cualquier tipo de infracción merece la pena a pesar del miedo a ser descubiertos y a los posibles cambios en su situación personal.
Por lo tanto, su principal misión es la de llamar la atención sobre conductas indebidas, actividades ilegales o comportamientos delictivos que no suelen ser generalmente revelados en público. Lo cierto es, que los alertadores corren aún grandes riesgos en muchos países ya que no están protegidos contra el despido u otras represalias.
La cultura del Whistleblowing está cada vez más asentada en España gracias a los programas de Compliance y a los Compliance Officer.
Analizamos cómo los whistleblowers o “informantes” comunican infracciones de forma interna, gracias a este Roleplay: En la piel del informante que tuvo lugar en la Conferencia ECEC 2022.
¿Qué es el Whistleblowing?
La denuncia de irregularidades o «whistleblowing» se produce cuando una persona informa de una infracción en una organización, por ejemplo, de una mala conducta financiera o de un caso de discriminación. Esta persona suele ser un empleado, pero también puede ser un tercero, como un proveedor o un cliente.
La denuncia interna se produce cuando alguien emite un informe dentro de una organización. A menudo, las empresas ponen en marcha canales de denuncia para que los empleados y otras partes interesadas puedan alzar la voz en el caso de que tengan conocimiento de una mala conducta.
La denuncia externa se produce cuando una persona denuncia públicamente, ya sea a los medios de comunicación, a la policía o a través de las redes sociales. Estas suelen optar por denunciar públicamente si tienen poca confianza en el procedimiento de investigación dentro de su organización, es decir, si han intentado reportar su caso internamente sin resultado o si ven que no existe un canal de denuncia.
Las denuncias típicas se centran en conductas prohibidas por una ley específica, como un delito penal, discriminación o pruebas de encubrimiento. Sin embargo, las políticas de denuncia de una organización pueden abarcar una gama más amplia de cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la ética.
Por otra parte, es necesario saber que la denuncia de irregularidades no es lo mismo que presentar una queja en el lugar de trabajo. Una queja es una cuestión de interés personal y no tiene impacto en el público en general, mientras que una denuncia de irregularidades hace referencia a preocupaciones más graves y generalizadas, como se ha indicado anteriormente.
¿Qué tipo de irregularidades son las más comunes?
A pesar de la variedad de escenarios que pueden tener lugar, estos son los casos que más denuncias presentan:
- CORRUPCIÓN
- DISCRIMINACIÓN Y ACOSO LABORAL
- INFRACCIÓN DE LA LEY Y DELITOS
- VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
- COHECHO
- ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN IMPROPIAS
- TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
- USO INDEBIDO DE DATOS
Destapar actividades fraudulentas puede implicar varios riesgos o consecuencias importantes para los empleados, las empresas o incluso para países enteros. Por lo tanto, los comportamientos no éticos o ilegales deben hacerse públicos para evitar que personas o empresas se enriquezcan ilícitamente y para prevenir que se cometan otros delitos sin consecuencias penales.
¿Por qué el Whistleblowing es un tema de actualidad?
Varios escándalos y sucesos recientes han volcado su atención en la denuncia de irregularidades. Así, por ejemplo, la crisis financiera mundial de 2007-2008 puso de manifiesto la mala gestión empresarial generalizada en las instituciones financieras, y destapó, entre otros, el escándalo del «Dieselgate» de Volkswagen en 2015, que reveló que el fabricante de automóviles, de forma ilegal, trucaba los tests de emisiones contaminantes en Estados Unidos. Ambos sucesos costaron a las empresas miles de millones de dólares y se consideran exactamente el tipo de incidentes que podían haber sido evitados si dichas instituciones hubieran contado con políticas y canales internos de denuncia eficaces.
También los alertadores cobraron un mayor protagonismo en 2017, cuando el movimiento #metoo hizo que las estrellas de Hollywood denunciaran abusos sexuales y presentaran acusaciones generalizadas contra Harvey Weinstein. Supuestamente, este movimiento también llevó a las empresas a reforzar las salvaguardias y estructuras para aquellos empleados que quisieran señalar un comportamiento ilegal o preocupante.
En este contexto, en 2019 la UE introdujo la Directiva Whistleblowing como respuesta a los escándalos más recientes, como Luxleaks, los Papeles de Panamá o Cambridge Analytica. Una vez que los países de la UE apliquen esta directiva, todas las empresas con más de 50 empleados estarán obligadas a establecer una política y un canal de denuncia de irregularidades, y se ofrecerá protección jurídica a las personas que quieran reportar infracciones.
¿Por qué la denuncia de irregularidades es beneficiosa para las empresas?
Los informantes prestan un importante servicio tanto a las organizaciones como a la sociedad en general. De hecho, si los asuntos pueden resolverse internamente antes de hacerse públicos y aparecer en la prensa o en plataformas de filtración, las organizaciones pueden evitar daños de reputación y multas sustanciales. Por mencionar un ejemplo, en 2019 la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos aplicó sanciones a las empresas de su país por un total récord de 2.900 millones de dólares.
Implementar un canal de denuncias en las organizaciones permite denunciar los casos de forma confidencial y evitar pérdidas económicas. En efecto, la experiencia demuestra que las empresas y organizaciones pierden alrededor del 7 % de su facturación anual debido a infracciones. Las denuncias internas pueden ayudar a descubrir una parte importante de estos casos y minimizar los daños financieros de una organización.
Los whistleblowers en España
En la historia reciente española, se han conocido varios casos de corrupción gracias a la labor de los informantes. Uno de los nombres que más resonaron en la sociedad del país por destapar la trama Gürtel fue el de Ana Garrido, que, incluso temiendo las represalias, informó a la justicia de lo que había visto en el Ayuntamiento donde trabajaba. Otro caso que salpicó la vida pública fue el de las facturas falsas por parte del sindicato UGT en Andalucía y cuyo alertador fue Roberto Macías.
Estos son solo algunos ejemplos de informantes que han desenmascarado casos de corrupción en España. La entrada en vigor de la Directiva UE de Protección de los Denunciantes permitirá frenar el miedo a las posiblos castigos que puedan sufrir los alertadores, así como la aplicación de medidas que amparen la figura de los whistleblowers.
Regulación laboral y de protección del informante: cuando el empleado se convierte en whistleblower
¿HAY QUE TENER MIEDO A PERDER EL TRABAJO?
En España, la importancia de proteger la figura del informante se ha intensificado en los últimos años tras salir a la luz varios casos de corrupción en la esfera política. Sin embargo, a día de hoy, sigue existiendo miedo al despido y a otro tipo de represalias cuando se trata de informar sobre algún tipo de conducta ilícita en el terreno laboral. Estas van desde acoso laboral, discriminación o incluso amenazas físicas.
La situación legal en España
Durante los últimos años, en España han surgido varias iniciativas legales en varias comunidades autónomas para mejorar la situación de los alertadores y protegerlos de las represalias. A pesar de los esfuerzos, no es hasta el 2019, con la entrada en vigor de la Directiva Whistleblowing, que no existe a nivel europeo una normativa que cubra los requisitos básicos de protección para los alertadores.
A su vez, con la vista puesta en las mejoras en el terreno normativo a nivel europeo, el 13 de marzo de 2019, entra en vigor la Ley Orgánica 1/2019 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, en relación con el cumplimiento normativo que traspone directivas de la Unión Europea. Esta nueva normativa se centra en la lucha contra los abusos de mercado, el fraude, el terrorismo, y un incremento de las sanciones por actividades ilegales que pueden poner en riesgo la reputación e incluso la disolución de las empresas.
Además de poner la confidencialidad del informante en el punto de mira, el objetivo es generar conciencia en el empresario español de la importancia de incorporar un sistema de denuncias interno en su empresa con el fin de evitar que las consecuencias negativas se agraven.
Con la aprobación del Proyecto de Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones, derivado de la Directiva Whistleblowing, se pretenden fijar todos los esfuerzos anteriores y construir un entorno más transparente donde el informante se encuentre más protegido ante las represalias.
La finalidad principal es amparar a toda persona que informe sobre una irregularidad para evitar consecuencias negativas, como el despido, el traslado, la degradación o la intimidación.
Los puntos principales del Proyecto son:
§ Protección total de los informantes
§ Aplicación de sistemas internos de información para empresas privadas y administraciones públicas a partir de 50 empleados
§ Establecimiento de sistemas que aseguren la confidencialidad, seguimiento, investigación y protección del informante
¿Cómo ayudar y proteger mejor a los informantes?
¿En qué casos está protegido un informante?
La decisión de un empleado de denunciar una irregularidad es personal. Muchos lo hacen motivados por el deseo de hacer lo correcto. Sin embargo, aunque los empresarios tienen prohibido perseguir a un informante después de haya sacado a la luz una irregularidad, existe la creencia de que la carrera profesional del alertador puede verse afectada. El acoso laboral «menor» es difícil de detectar, los alertadores suelen estar solos y los amigos en los que pensaban que podían confiar en su lugar de trabajo pueden darles la espalda para proteger su propia reputación. Incluso si existe un canal de denuncia anónima, los alertadores necesitan valor y determinación para sacar a la luz algunas irregularidades, lo que puede exponer a sus compañeros o a la organización para la que han trabajado durante muchos años.
En la actualidad, muchos países europeos solo cuentan con protecciones legales parciales para los alertadores. Sin embargo, con la Directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes, el cambio está en marcha en Europa, puesto que esta contiene amplias protecciones de la libertad de expresión para los alertadores, tanto en el sector público como en el privado, en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
El Proyecto de Ley de Informantes también prohíbe cualquier tipo de represalias directas o indirectas (como los despidos, los descensos de categoría y otras discriminaciones laborales) no solo para los empleados, sino para exempleados, terceros e incluso para familiares.
El informante siempre puede optar entre informar de un incidente primero internamente dentro de la empresa o hacerlo directamente a su autoridad supervisora. Si la empresa no hace nada en respuesta a dicha denuncia o si el alertador tiene motivos para creer que su denuncia es de interés público, también puede acudir directamente a la opinión pública, puesto que en todos estos casos estará protegido.
Proyecto de Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones
El Proyecto de Ley de protección de informantes se considera un hito en la lucha por la protección de los informantes, ya que obliga a todas las empresas de a partir de 50 empleados de todos los sectores, a implementar un canal interno de información confidencial y seguro.
La nueva Ley establece un proceso de denuncia en tres fases:
- En primer lugar, los empleados deben ponerse en contacto con su empresa a través de los sistemas internos.
- Si la denuncia no prospera, puede denunciarla ante las autoridades competentes y estas deben responder a la información o hacer un seguimiento en el plazo de tres meses.
- Como último recurso, los informantes también podrían hacer públicas las denuncias. En particular, los alertadores que denuncian públicamente, presentan un inmenso potencial de daño económico y reputacional. Por este motivo, las empresas deberán prevenir este tipo de situaciones utilizando sistemas eficaces para la denuncia de irregularidades.
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